LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) española ha sido aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados por 172 votos a favor (solo los del Partido Popular), 144 en contra y 3 abstenciones. Era el último paso que necesitaba para entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2015. La nueva Ley ha levantado una fuerte polémica porque, básicamente, intenta regular y controlar Internet en beneficio de unos pocos. Y lo hace de una forma burda e ineficiente. Y nos afecta a cualquier usuario de Internet mucho más de lo que pensabas.

Intenta por encima de todo controlar qué compartimos en Internet y cómo lo compartimos.

Se trata de una vuelta de tuerca de la anterior ley conocida como "Ley Sinde" que introduce nuevos supuestos para facilitar, entre otras cosas, el cierre e imposición de multas a páginas web de enlaces. El problema es que la ambigüedad con la que ha sido redactada introduce una inseguridad jurídica tan fuerte que afecta a todo Internet. Además, incluye el polémico canon AEDE o "tasa Google", que prácticamente restringe nuestro derecho a la información.

Nos afecta sobre todo en estos puntos clave:

1) Limita tu acceso a la cultura

En sus artículos 157 y 158, establece como ilegal ofrecer en Internet listados ordenados y clasificados de enlaces, independientemente de que las páginas que los publiquen muestren publicidad o no para lucrarse. Una comisión de propiedad intelectual creada por el gobierno podrá, sin necesidad de permiso judicial, cerrar páginas web de enlaces o multarlas con sanciones de hasta 600.000 euros.

Este sistema de censura es el mismo que se empleó con Wikileaks: intentar ahogarlo económicamente cerrando su acceso a PayPal, servicios de hosting, tarjetas de crédito...

En la práctica, al final lo que se consigue es criminalizar el enlace a contenidos compartidos entre usuarios. La LPI solo propone cierres y multas. El acceso a los contenidos y la cultura es lo que realmente sale perdiendo.

2) Restringe tu derecho a la información

Obliga a los agregadores de contenidos online como Google News o Menéame (pero también potencialmente Facebook, Twitter y decenas de páginas) a pagar un canon para compensar por los contenidos que estos enlazan de los medios de AEDE, en su artículo 32.2 (asociación formada por medios impresos adscritos a grandes grupos empresariales). De no hacerlo, se enfrentan también a multas de entre 150.000 y 600.000 euros.

El artículo de la ley está fabricado a medida de los grandes medios de comunicación miembros de AEDE acosados por el cambio en su modelo de negocio que ha provocado Internet y que ven en agregadores como Google News la fuente de todos sus males. Además de no tener ni pies ni cabeza (Google News es una fuente de tráfico para estos medios y ni siquiera incluye publicidad), el efecto final de la ley es restringir directamente el acceso a la información libre de los ciudadanos.

El resultado de esta medida es que España se convierte en el único país en el mundo en el que, por enlazar contenidos públicos de Internet, hay que pasar por caja.

El Gobierno y un lobby (los medios de AEDE) pasan a controlar no solo buena parte de la información que se comparte en Internet, sino cómo se comparte. Hay un país que aplica un sistema de control y censura muy similar: China.

*Además tendrás que pagar más por ir a la Universidad. Las universidades públicas y privadas tendrán que pagar a la entidad de gestión CEDRO (según ellos, "asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones") por utilizar materiales académicos en campus virtuales, la mayor parte de los cuales están bajo licencia Creative Commons.

*Esta es la ley que acaba de aprobar el Gobierno español y que nos acerca a países como China en materia de censura y control de Internet. "Es una ley al margen de la voluntad de los ciudadanos, un caso de cómo se está gobernando en favor de solo unos pocos. Es un ejemplo de libro de la corrupción del sistema". Más claro, imposible.